Independentismo, violencia y 155

Viento Sur

En el segundo aniversario del 1 de Octubre decenas de miles de personas se han vuelto a manifestar pacíficamente; como siempre. Sin ninguna señal de violencia; como siempre. Esta es la realidad incontestable del procés desde sus inicios para cualquier persona que respete la realidad.

Pero pero no para los titulares de ciertos medios estatales, ni para los representantes de Ciudadanos y PP que ahora agitan el peligro de terrorismo y reclaman una nueva aplicación del artículo 155. Ni para Pedro Sánchez que, en plena carrera para ocupar un nuevo espacio habitual de la derecha, ha acusado al gobierno Torra de no rechazar los supuestos planes terroristas de miembros de los CDR y ha amenazado de aplicar el artículo 155 o de activar la Ley de Seguridad Nacional.

Qué pasa en las movilizaciones

Vamos a los hechos del 1-O: manifestaciones pacíficas de decenas de miles de personas en toda Catalunya. Importantes pero no tan numerosas como las de cientos de miles en el 11-S. La más grande en Barcelona con 18.000 personas según la Guardia Urbana y 50.000 según los organizadores; 13.000 en la marcha de antorchas de Girona, 10.000 en Lleida, 4000 en Tarragona, 5000 en la prisión de Lladoners, etc, etc. Siguiendo la recomendación de los Jordis desde la prisión, los manifestantes no se han dejado llevar por la rabia del momento: “Os animamos … a volver a salir a la calle cuando os convoquen nuestras entidades y, sobre todo, a no dejaros llevar por la rabia del momento. El presente es duro y probablemente las sentencias y las próximas decisiones judiciales y policiales todavía lo harán más amargo. Pero el futuro sólo continuará siendo nuestro si somos capaces de mantener viva la semilla de la no violencia”.

Esta contradicción entre la realidad y los discursos de los medios y los partidos del 155 la ha expresada muy bien Issac Rosa en un artículo titulado El independentismo violento no es violento.

Qué hechos avalan las acusaciones de terrorismo

Vamos ahora a los hechos que sirven para para formular las acusaciones de terrorismo contra miembros de los CDR. El 23 de septiembre la Guardia Civil hace un gran despliegue de medios y efectúa varias detenciones en diferentes localidades de Catalunya. Más tarde el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón decreta el ingreso en prisión de siete personas acusándolas de terrorismo. Pero los hechos que avalan esta decisión no se conocen porque el juez ha decretado el secreto del sumario y, a estas alturas, ni la familia ni los abogados tienen ninguna información de las actividades concretas que se les imputan ni de qué pruebas las avalan. Pero sí se sabe que en el proceso ha habido irregularidades y vulneración de derechos, tal como denuncian los abogados, los familiares y organizaciones como el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos o la Asociación Catalana para la defensa de los Derechos Humanos. La reacción popular ha consistido en concentraciones, manifestaciones y caceroladas. Y la sensación más común es que nos encontramos ante un nuevo caso de acusaciones injustificadas, que finalmente tienen que retirarse o rebajarse considerablemente, pero que sirven para mantener a los acusados en prisión y para una campaña de criminalización de algunos movimientos sociales, en esta ocasión del independentismo. El caso más cercano es el Tamara y Adrià Carrasco miembros de los CDR que fueron acusados de rebelión, sedición y terrorismo por la Audiencia Nacional, pero finalmente la acusación se limita a posibles desórdenes públicos y la causa ha vuelto a un juzgado de Catalunya; mientras tanto Tamara pasó más de un año confinada en su municipio y Adrià está exiliado en Bélgica. El diario VilaWeb documentó diez casos más de acusaciones polémicas de la Audiencia Nacional.

Cómo se justifica la campaña que vincula independentismo y terrorismo

Parecería que incluso la gente más dispuesta a mantener la fe en los procedimientos de la Audiencia Nacional debería tener la prudencia de no dar crédito a las acusaciones de terrorismo hasta que no se haya levantado el secreto del sumario, no se conozcan las pruebas para imputar este delito y no se hayan escuchado los argumentos de las defensas. Y, en caso de darles crédito, separar las posibles responsabilidades individuales de la conducta general del movimiento independentista que es inequívocamente no violenta.

La actual campaña de criminalización del independentismo no respeta ninguna de estas precauciones elementales sino que sigue el protocolo establecido desde hace tiempo. El secreto del sumario es efectivo para los abogados defensores y las familias, pero se filtra selectivamente a algunos medios, estos dan la apariencia de hechos contrastados a las acusaciones de la Guardia Civil o la fiscalía e inician una campaña de acusaciones contra el independentismo repitiendo el mantra de aplicar el 155. A continuación la derecha extrema intenta incendiar el debate. Por ejemplo, con ocasión del debate del tema en el Parlamento Carlos Carizosa, presidente del grupo de Ciudadanos, además de volver a reclamar la aplicación del artículo 155 ha preguntado: “¿Ha de morir alguien para que se revoquen los poderes a los que utilizan la autonomía para apoyar el terrorismo?”

La posición mayoritaria del Parlamento ha sido aprobar una declaración conjunta de JxCat, ERC, CUP y Comunes denunciando la criminalización del movimiento independentista, rechazando el encarcelamiento de los siete independentistas y advirtiendo contra la vulneración de derechos fundamentales como la presunción de inocencia.

Por qué Pedro Sánchez amenaza de nuevo con el 155

La novedad de la actual campaña de criminalización es que Pedro Sánchez ha entrado de lleno en ella. Ha dado por buenas las acusaciones de terrorismo y la complicidad del independentismo, ha criticado al gobierno Torra por no condenar la violencia y ha amenazado con aplicar el 155 o bien activar la Ley de Seguridad Nacional.

¿Cuáles son las razones de este acercamiento tan pronunciado a los argumentos de la derecha extrema? Se han apuntado varios y probablemente hay una parte de verdad en todos ellos: introducir el fantasma del terrorismo para frenar las movilizaciones contra la inminente sentencia del Supremo, justificar una nueva orden de extradición contra Puigdemont, recoger votos de Ciudadanos ocupando una parte de su espacio político, etc.

De todos modos es conveniente situar la novedad de este giro pronunciado a la derecha dentro de la posición tradicional de Pedro Sánchez y dentro del contexto político general.

En primer lugar hay que recordar que Pedro Sánchez es uno de los responsables de la aplicación del 155 y que antes de ser presidente del gobierno acordó cinco medidas con Mariano Rajoy que pueden considerarse un verdadero pacto de Estado respecto a Catalunya fuera cual fuera el próximo presidente: volver a aplicar un 155 más duro si era necesario, no tolerar ninguna “institución paralela” de la Generalitat, mantener el control de las finanzas catalanas, la unidad de los partidos constitucionalistas y combatir el discurso “xenófobo” de Quim Torra. La novedad consiste en que la amenaza con el 155 se ha hecho inminente ante las movilizaciones previstas por la sentencia del Supremo o que los Mossos podrían pasar a ser controlados por el Estado con la Ley de Seguridad Ciudadana y que Quim Torra ha pasado de xenófobo a protector del terrorismo. Paralelamente Pedro Sánchez ha dejado de hablar de ninguna oferta de diálogo con Catalunya. No es un cambio pequeño.

En segundo lugar, estos cambios son coherentes con la convocatoria de elecciones el próximo 10-N. Esta decisión busca obtener unos resultados electorales del PSOE que permitan presionar a C’s para que apoye al gobierno, ya sea por medio de una coalición (muy difícil), de un pacto de legislatura o de una abstención en la investidura si se garantiza una política de Estado que respete los intereses de la derecha. Lo que no quiere Pedro Sánchez es depender de los votos o de la abstención de los partidos independentistas o de los de Unidas Podemos. La orientación del PSOE es la de un pacto de Estado con la derecha, de forma explícita o implícita. Esperar políticas progresistas es una ilusión sin fundamento.

Qué se puede esperar después del 10-N

Todos los planes del PSOE están supeditados al resultado de las elecciones, pero estos pueden no coincidir con las predicciones de las encuestas que consulta. Esto dependerá del clima de movilización que haya las próximas semanas y, muy particularmente, de las reacciones a la sentencia del Supremo. La situación política y social sigue siendo inestable y las previsiones de los estrategas de los partidos y sus apuestas pueden fallar.

En Catalunya habrá que ver si los partidarios del 155 y de la condena que dicte el Supremo (PP, C’s y PSC) ganan terreno o lo pierden, si el independentismo revalida o no la mayoría, cuál es la relación de fuerzas dentro del bloque soberanista (JxCat, ERC, CUP y Comunes) y si ésta permite avanzar o no en la imbricación de las reivindicaciones nacionales, democráticas y sociales, tan necesaria como débil hasta el momento.

A nivel estatal se verá si el PSOE consigue suficientes votos o soportes de izquierda para hacer una política de derechas y si crece o no una alternativa de izquierdas capaz de condicionar la política del gobierno, dar apoyo a las demandas de los movimientos sociales, a la profundización de la democracia y al reconocimiento de la pluralidad nacional.

Las dinámicas que se abran en Catalunya y a nivel estatal estarán interrelacionadas, tanto si avanzan en un sentido positivo como negativo. Las esperanzas de un futuro mejor van ligadas a que se intensifiquen las luchas compartidas por unos objetivos comunes.

Martí Caussa forma parte de la redacción de Viento Sur

Fuente: http://vientosur.info/spip.php?article15165

 

https://www.rebelion.org/noticia.php?id=261188

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