Las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de Donald Trump y su criminal impacto en el pueblo venezolano

Resumen Latinoamericano*, 20 de mayo de 2019.

(Presentación del embajador Jorge Valero[1], en la rueda de prensa realizada en Ginebra, Suiza, el 16 de mayo de 2019)

El gobierno de Donald Trump práctica actos de guerra y de piratería moderna contra Venezuela. Aplica sanciones coercitivas unilaterales que causan muerte, dolor y sufrimiento al pueblo venezolano. El bloqueo de Estados Unidos es ilegal y criminal.
Las sanciones ilegales, aplicadas extraterritorialmente, violan el derecho a la paz y a la autodeterminación de cualquier Estado. Violan el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Afecta el disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano.
El bloqueo económico, comercial y financiero es un arma de guerra. Alfred de Zayas, un experto independiente de las Naciones Unidas (ONU), expresó que estas sanciones son “crímenes de lesa humanidad”, a la luz del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Desde diciembre del año 2014, Venezuela sufre por las medidas coercitivas unilaterales del gobierno de los EEUU. El bloqueo global afecta el funcionamiento social y económico del país. Merma la capacidad del Estado venezolano para realizar importaciones de alimentos y medicamentos. Impide el uso de la banca internacional para operaciones comerciales diversas, obstaculizando el control de Venezuela sobre sus activos energéticos y financieros en el extranjero.
Estas criminales acciones persiguen la destrucción del Estado nacional. El gobierno estadounidense agrede nuestra soberanía, en el marco de una estrategia de cambio de régimen que busca desplazar del poder, mediante la violencia y el terrorismo, al presidente Nicolás Maduro, electo por el 67% de los venezolanos, el 20 de mayo de 2018.
El fallido golpe de estado que ocurrió el 30 de abril de este año, y que fue encabezado por los títeres de Trump, Juan Guaidó y Leopoldo López, respondió – a pie juntillas- a un plan diseñado y orquestado por el gobierno de Trump.
El gobierno de EEUU ha aplicado múltiples sanciones. Ha embargado las exportaciones petroleras que proveen el 95% de los ingresos de la nación, y le prohíbe al Estado venezolano usar cuentas bancarias para importar medicamentos y ejecutar sus programas de protección social. 
La confiscación ilegal de activos físicos y financieros de la República, por miles de millones de dólares, en el marco de una estrategia de socavamiento de la soberanía nacional y de saqueo progresivo, constituyen actos de piratería moderna.
El modelo político bolivariano es referencia para todos aquellos que abogan por la justicia social y la solidaridad humana, en el mundo. Venezuela ha recibido el reconocimiento de distintas agencias de la ONU, por su éxito comprobado en materia social: reducción a cero del analfabetismo; aumento del consumo de proteínas y acceso a la educación y a la salud de forma gratuita.
El gobierno de Estados Unidos impide los pagos del país, a través de la banca internacional, y no le permite importar medicamentos y bienes necesarios para el desarrollo económico y social del país.
Esas sanciones han repercutido negativamente en las instituciones financieras venezolanas, en su principal industria Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), y en el acceso a las cuentas, fondos y activos soberanos del país, con los que el Estado venezolano atiende a la sociedad y sostiene los programas de protección social.
El 23 de enero, el gobierno de Donald Trump pretendió imponer un gobierno títere. A Juan Guaidó, quien se autoproclamo presidente en una calle de Caracas. Desde entonces, la agresividad del bloqueo se ha intensificado.
El gobierno de los EE.UU. decidió desconocer el voto popular de los millones de venezolanos que otorgaron la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela a Nicolás Maduro.
Forman parte de una estrategia de golpe de Estado, las continuas órdenes ejecutivas destinadas a confiscar ilegalmente los activos financieros y energéticos del país. Se trata de una persecución financiera y de un saqueo del patrimonio nacional.
PDVSA tiene dificultades para la importación de diluyentes y otros aditivos que le permitan seguir exportando su producción y así sostener el nivel de ingresos del país.
Las medidas coercitivas unilaterales también repercuten negativamente en el comercio doméstico de combustible, al privar al país de la importación de aditivos para el combustible y la mezcla del crudo extrapesado venezolano.
El Estado venezolano no puede utilizar los dividendos de Citgo, calculados 11 mil millones de dólares, tras el embargo de los EEUU. Esto obstruye su capacidad para importar medicinas y alimentos.
Estos fondos, confiscados ilegalmente, reposan en cuentas administradas directamente por el gobierno de EEUU. Gobierno que ha robado miles de millones de dólares a Venezuela.
El dinero utilizado por la República para sus actividades comerciales, ahora es administrado  por el títere del gobierno de Estados Unidos.
El bloqueo significa que las cajas del Comité Local de Administración y Producción (CLAP), programa insignia del gobierno venezolano para garantizar el acceso a la alimentación de la población, son objeto de boicot para evitar su importación.
El gobierno venezolano tiene enormes dificultades para acceder al financiamiento internacional, reestructurar su deuda y realizar inversiones petroleras, con el objeto de recibir recursos frescos que permita el desarrollo económico y social del país.
Un informe elaborado por los reputados economistas estadounidenses Jeffrey Sachs y Mark Weisbrot, del Centro de Investigación Política y Económica, concluye que la cifra estimada de muertes, a raíz del bloqueo, es de 40 mil venezolanos.
Ellos señalan que las medidas de la Administración Trump representan un “castigo” que genera sufrimiento colectivo. Afirman qué si los EEUU no hubiera tomado estas medidas, la situación económica venezolana no se habría visto afectada.
Venezuela no ha podido mantener cuentas en dólares americanos ni en euros. La mayoría de los Bancos Corresponsales han cerrado las cuentas a las principales instituciones financieras nacionales, para reforzar el aislamiento financiero de Venezuela en el sistema financiero internacional.
Se estima que las pérdidas por las medidas coercitivas unilaterales ascienden a 30 mil millones de dólares.
Las sanciones han elevado las dificultades para el arribo de buques con cargamentos de alimentos y materia prima necesaria para la producción en Venezuela.
El bloqueo contra Venezuela genera un impacto negativo en su desarrollo social. Crea pobreza y miseria.
Estados Unidos domina las rutas comerciales de las principales navieras. Esto le ha permitido dificultar la llegada de bienes esenciales para nuestra población. No solo los que provienen de EEUU, sino de cualquier otro país proveedor bajo su influencia.
Si sumamos la prohibición para importar bienes y servicios directamente necesarios para las actividades económicas del país, entre ellos, insumos industriales y servicios financieros, es indudable que las sanciones tienen un impacto negativo sobre el disfrute y ejercicio de los derechos humanos.
El gobierno bolivariano ha denunciado que el régimen de Donald Trump pretende afectar -aun más- la industria petrolera imponiendo un bloqueo naviero.
El bloqueo a la compra de medicamentos ha sido otra de las variantes de las medidas coercitivas.
La entidad financiera Novo Banco, con sede en Portugal, retiene 1.543 millones de Euros del Estado venezolano. Dinero destinado a la importación de medicinas, vacunas, alimentos, insumos industriales, semillas, fertilizantes, tratamientos e insumos contra la malaria, el VIH y otras enfermedades crónicas, insumos hospitalarios, compromisos con agencias ONU, salarios del personal del servicio exterior, entre otros.
 
El Bloqueo a PDVSA afecta el pago del tratamiento médico de 24 pacientes venezolanos que están en Italia y 11 que esperan por su atención. Su situación está en riesgo, porque el sistema financiero internacional se niega a tramitar las transferencias bancarias solicitadas por PDVSA.
 
PDVSA, a través de su filial CITGO, tiene un convenio con la “Asociación para el Trasplante de Médula Ósea en Italia”, con la que ejecuta un programa que ha permitido la atención de más de 500 pacientes.
                     
PDVSA cubre todos los gastos para la atención médica, los tratamientos y la manutención de los familiares que acompañan al paciente.
PDVSA, a través de la Fundación Simón Bolívar, tiene un convenio con el Hospital Italiano Buenos Aires, Argentina. Mediante ese programa más de 109 niños y adultos, se han beneficiado de trasplantes hepáticos. Actualmente, seis pacientes, niños y niñas, están en Argentina en el postoperatorio, dado que el seguimiento a su trasplante de hígado y su atención médica está en riesgo.
 
Se ha impedido a Venezuela adquirir en el mercado farmacológico internacional medicamentos para combatir la hemofilia y el síndrome Guillain-Barré, la Meningitis, Rotavirus e Influenza. La compra de reactivos de sangre fue impedida. Esto afectó a 2 millones 586 mil 106 pacientes y 123 mil más que necesitan transfusión de sangre.
Se bloqueó un pago para la reparación de equipos de hemodinamia del Hospital Cardiológico Infantil, que ha puesto en riesgo la vida de 500 niños que padecen de cardiopatía congénita.
Se ha impedido que, a través de la Organización Panamericana de Salud (OPS), adquiramos medicamentos en el exterior, con lo cual se afectó la disponibilidad de vacunas para 2 millones 600 mil niños y niñas venezolanas.
El daño global causado a Venezuela es inconmensurable. Según el Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica (CELAG), asciende a 350 mil millones de dólares. El imperio roba y saquea el patrimonio del pueblo venezolano.
En octubre del 2018, durante una entrevista exclusiva al medio VOA, el ex embajador estadounidense en Venezuela, William Brownfield, afirmó que: “En este momento quizás la mejor solución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor, por un periodo de meses o quizás años”.
En enero de 2018, un funcionario del Departamento de Estado expresó: «La campaña de presión está funcionando. … Y lo que estamos viendo (…) es un colapso económico total en Venezuela. Entonces nuestra política funciona, nuestra estrategia funciona (…)».
En entrevista exclusiva con la emisora de Miami Actualidad Radio, el enviado de Trump para Venezuela, Elliott Abrams, se refirió al sabotaje eléctrico ocurrido en el mes de marzo y a cómo la administración estadounidense buscaba redirigir el evento hacia una presión más elevada contra el país. Dijo: «Estamos presionando al régimen… y vamos a continuar con esto. Creo que las presiones aumentarán… Especialmente esta semana, cuando no hay luz». El gobierno de EE.UU. promovió el sabotaje eléctrico, según informes de Russia Today (RT).
El 25 de enero el Departamento de Estado emitió el siguiente comunicado: «… el secretario de Estado Michael R. Pompeo certificó la autoridad del presidente interino Juan Guaidó para recibir y controlar ciertas propiedades en cuentas del gobierno de Venezuela o del Banco Central de Venezuela retenidas por el Banco de Reserva Federal de Nueva York o de otros bancos asegurados estadounidenses”.
El imperio norteamericano es guerrerista por naturaleza.
 
El ex presidente Jimmy Carter ha afirmado que Estados Unidos es «la nación más guerrera de la historia del mundo».
 
Ese imperio ha desatado una guerra criminal con el propósito de asfixiar y destruir la patria bolivariana.
 
Pero, con seguridad, nuestro pueblo y la unión cívico-militar seguirán garantizando la continuidad de la revolución bolivariana en un marco pacífico y democrático.

 

Las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de Donald Trump y su criminal impacto en el pueblo venezolano

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