Puigdemont, acusado de criminal

Fue imputado por su rol en el referéndum independentista catalán
La Fiscalía de Cataluña materializó la querella contra el presidente catalán, Carles Puigdemont, y su gobierno, por delitos de “desobediencia, prevaricato y malversación”, que conllevan penas de inhabilitación y cárcel.
Puigdemont saliendo del Parlament el miércoles después del voto de la ley soberanista. 


Imagen: AFP

Tras la suspensión de la ley y la convocatoria del referéndum unilateral de secesión del 1 de octubre, la Fiscalía de Cataluña materializó ayer la querella criminal contra el presidente catalán, Carles Puigdemont, y su gobierno, por delitos de “desobediencia, prevaricato y malversación”, que conllevan penas de inhabilitación y cárcel.

En el marco de su actuación, la Fiscalía solicitó además el despliegue de medidas cautelares tendientes a impedir la celebración del referéndum, entre ellas la solicitud de fianzas a los miembros del gobierno independentista catalán para cubrir una eventual condena por el uso ilegal de fondos públicos, el cierre de la web oficial de la convocatoria, la prohibición de propaganda oficial, y que las fuerzas de seguridad intervengan y requisen las urnas. También se pidió que se requiera a todos los alcaldes de Cataluña para que impartan las instrucciones precisas a fin de impedir que se facilite cualquier tipo de recurso personal o material, incluyendo locales, para la celebración del citado referéndum.

En ese marco, el Ayuntamiento de Barcelona, en manos de la dirigente de izquierda Ada Colau, tomó la decisión de no ceder espacios municipales para el referéndum, según anunció el número dos del gobierno local, el argentino Gerardo Pisarello. El apoyo de Barcelona, la capital de Cataluña, era clave para los secesionistas, quienes se muestran decididos a seguir adelante con sus planes y dicen contar con 16 mil voluntarios y el respaldo de más de 500 alcaldes. Asimismo, la Guardia Civil española ingresó ayer en una imprenta de Constantí, en la provincia catalana de Tarragona, que estaba siendo custodiada y donde supuestamente se estaba imprimiendo documentación para el referéndum.

En paralelo, el presidente del gobierno español, el conservador Mariano Rajoy, acordó presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de “desconexión” aprobada el jueves por el Parlamento catalán, cuyo objetivo es regular la transición tras el referéndum, que ya fue prohibido por el Tribunal Constitucional. Al igual que ocurrió con la ley del referéndum, lo previsible es que el Tribunal Constitucional admita a trámite el recurso del Ejecutivo español y paralice la norma, tal como ocurrió con la ley del referéndum aprobada el miércoles en el Parlamento catalán.

Sin embargo, como la ley de Transitoriedad no fue publicada en el Boletín Oficial, quedó en una especie de limbo que impide la actuación del alto tribunal. “En 24 horas se ha producido la anulación de la primera ley del referéndum ilegal. El gobierno continuará actuando con proporcionalidad, solidez y firmeza con el objetivo que no se celebre un referéndum que vulnera la convivencia en Cataluña”, afirmó el vocero del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, en conferencia de prensa en el Palacio de La Moncloa, al informar sobre las últimas medidas del Ejecutivo central español. “El gobierno tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley”, insistió Méndez de Vigo, antes de subrayar que se hará todo lo necesario para impedir el referéndum del 1 de octubre porque va en contra de la legalidad.

Pero las autoridades independentistas se mantienen desafiantes, asegurando que no se amilanarán por mucha presión que haga la justicia o el gobierno de España. “No va a haber suficiente papel para comunicar tantos apercibimientos y meter miedo a prácticamente la mitad de la sociedad catalana”, dijo Lluis Corominas, presidente del grupo parlamentario de la coalición catalana nacionalista de gobierno, Juntos por el Sí (JxS). “Ante este tsunami de querellas, habrá un tsunami de democracia”, avisó el jueves Puigdemont, a cargo de un gobierno independentista que quiere preguntar el 1 de octubre a los catalanes si desean que la región de 7,5 millones de habitantes y que representa el 20 por ciento del PIB español se convierta en un Estado independiente en forma de república.

El proceso de secesión de Cataluña es un desafío frontal a las leyes españolas, pero sus impulsores se amparan en la legitimidad de su reclamo, el derecho del pueblo catalán a la autodeterminación, y la mayoría parlamentaria que le dieron las urnas en septiembre del 2015, para seguir adelante. Las leyes del referéndum y de desconexión fueron aprobadas de forma exprés entre en 48 horas gracias a la mayoría que conforman la coalición independentista JxS y los anticapitalistas de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), en medio de una gran tensión por las denuncias de toda la oposición de que se estaban vulnerando sus derechos y la propia ley de autogobierno de Cataluña.

Ante este desafío, la respuesta del gobierno central de recurrir al Tribunal Constitucional tuvo efecto inmediato, tanto por la resolución favorable por parte del organismo, como por la actuación de la Fiscalía, que es el brazo ejecutor de la Justicia en estos casos.

El Fiscal General del Estado, Manuel Maza, había adelantado que presentaría dos querellas criminales y así lo hizo. La primera, contra Puigdemont y los 12 miembros de su gobierno, y la segunda, contra los cinco miembros de la mesa del Parlamento catalán por haber permitido el debate y votación de las leyes de secesión. En su escrito, la Fiscalía atribuyó al gobierno catalán un delito de “desobediencia continuada” que se remonta a la decisión adoptada en noviembre del 2015 por el Parlamento catalán sobre el inicio del proceso político de secesión, mediante la realización de un referéndum de autodeterminación vinculante para Cataluña, que fue declarada inconstitucional.

Según afirmó el Ministerio Público, al aprobar la ley del referéndum y su convocatoria, los dirigentes independentistas no sólo obviaron las reiteradas resoluciones del Tribunal Constitucional hasta la fecha respecto al proceso de secesión, sino que actuaron de forma deliberada y con absoluto desprecio a las normas. Por último, la Fiscalía sostiene que los miembros del gobierno no pueden desconocer que su decisión de convocar un referéndum de autodeterminación conlleva necesariamente el uso illegal de fondo públicos, de ahí el delito de malversación, que a diferencia de los anteriores, penados con inhabilitación, puede conllevar entre seis y diez años de cárcel.

https://www.pagina12.com.ar/61748-puigdemont-acusado-de-criminal

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